Durante los meses de septiembre y octubre se registraron 173 conflictos, 89 y 84 respectivamente. Estas cifras se encuentran por debajo del promedio de 100 conflictos mensuales, situación que se produce siempre que un problema central concentra la atención pública y la conflictividad social. A lo largo del año se multiplicaron las protestas por temas económicos: escasez de combustible, falta de dólares e incremento de precios de los productos de la canasta familiar; entre septiembre y octubre se reactivaron las movilizaciones de transportistas en La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija por el incremento de la tarifa del transporte público, demanda de muy difícil gestión ya que genera movilizaciones ciudadanas contrarias, así como por la escasez de diésel y el perjuicio económico causado por los bloqueos carreteros. Por otra parte, la Asociación de Deudores y Víctimas de los Bancos de La Paz, Oruro y Tarija y la Federación Única de Comerciantes Minoristas y Vivanderas del Sur de El Alto exigieron a la ASFI la paralización de procesos judiciales y remates por 18 meses, la condonación de intereses, reprogramación de pagos según capacidad, así como amnistía para deudores de impuestos. En La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija el sector salud salió a las calles en defensa a sus fuentes laborales.
Indudablemente la pugna política al interior del MAS –profundizada a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que impide al expresidente Morales ser habilitado como candidato para las elecciones de 2025 y de la acusación en su contra por estupro y trata y tráfico de personas– pasó a primer plano opacando la problemática económica. La “Marcha para liberar Bolivia” convocada por el sector afín a Morales y encabezada por él mismo y el bloqueo carretero durante más de dos semanas con el argumento de que la situación económica es insostenible, agudizó el cisma. En cuanto a los actores movilizados, destacaron en estos meses los productores de coca del Chapare y algunas organizaciones campesinas en apoyo a Morales, así como distintos sectores en protesta por los bloqueos que causan grandes pérdidas económicas; gremiales en rechazo al incremento en los precios de los productos básicos; el sector agropecuario campesino en demanda de diésel para la siembra y en rechazo a la pausa ambiental en Santa Cruz, Beni y Pando que afectaría la producción; actores no tradicionales, como las Asambleas de la Paceñidad y de la Alteñidad, en recha[1]zo a los resultados del censo; activistas ambientales por la falta de medidas para combatir los incendios. Si bien en septiembre las protestas no fueron especialmente violentas, la radicalidad de los conflictos se vio incrementada sustancialmente en octubre dado el enorme perjuicio económico ocasionado por los bloqueos y la presión de distintos sectores para que el Gobierno intervenga, así el desbloqueo de rutas por las fuerzas del orden produjo numerosos enfrentamientos con toma de rehenes y heridos. Es necesario mencionar el cansancio de la población ante la crisis económica que atraviesa el país –agravada por los bloqueos.
